CAREMSA, la Cámara de Agencias de Remises de la Provincia de Salta, presentó formalmente la denuncia ante la Justicia, un escrito contra el intendente Jorge Mario Emiliano Durand. La acusación no es menor: se lo señala por traición al pueblo, abuso de autoridad, incitación a cometer delitos, violación de normas vigentes, asociación ilícita y desestabilización de empresas locales, todo con el objetivo de beneficiar a la empresa Uber en detrimento de las agencias de remises.

Denuncia completa: puntos centrales

Denuncia a emiliano Durand by CAREMSA

Desestabilización económica (Artículo 174, inciso 6, del Código Penal):
La denuncia sostiene que las declaraciones públicas del intendente provocaron perjuicios económicos directos a las agencias de remises, al desestabilizar sus operaciones, generar incertidumbre en el mercado y empujar a choferes y propietarios a abandonar las empresas locales. Según este artículo, corresponde la inhabilitación a cargos públicos para quienes generen perjuicios o desestabilizaciones a establecimientos públicos o privados.

Incitación a delitos (Artículo 209 del Código Penal):
Durand habría invitado públicamente a los propietarios de vehículos a retirarse de las agencias y pasarse a Uber, pese a que la ordenanza 16.377 que regula estas plataformas digitales aún no ha entrado en vigencia. Este acto configura incitación pública a cometer delitos, castigada con prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Abuso de autoridad (Artículo 248 del Código Penal):
El intendente es acusado de usar su cargo para dictar resoluciones contrarias a las leyes nacionales y locales, favoreciendo arbitrariamente a Uber, empresa que carece de habilitación vigente para operar legalmente en la ciudad.

Asociación ilícita:
La denuncia expone que Durand, junto a concejales, funcionarios municipales y empresarios privados, habría constituido una organización para imponer a Uber como actor dominante, rompiendo las reglas de competencia leal y desplazando a las agencias de remises.

Desigualdad normativa y perjuicio económico:
Las medidas municipales generaron ventajas ilegales para Uber, mientras que las agencias locales continúan cumpliendo con rigurosas exigencias fiscales, laborales y de seguridad, profundizando la desigualdad en el mercado.

Riesgos para la seguridad pública:
Al operar sin registro ni habilitación, los vehículos de Uber no cumplen con controles ni seguros exigidos, lo que expone a los pasajeros y terceros a riesgos graves. Las declaraciones del intendente aceleraron este proceso ilegal, agravando el peligro para la comunidad.

Un agravante nacional: Uber bajo investigación fiscal

La denuncia subraya que Uber está siendo investigada por ARCA (ex AFIP) y por los organismos fiscales de Buenos Aires y Córdoba por evasión fiscal y falta de regularización laboral. Uber ya presentó un descargo que no satisfizo a los inspectores, motivo por el cual fue intimada a presentar su estatuto social, para demostrar su legalidad en Argentina. CAREMSA advierte que este vacío jurídico podría incluso estar encubriendo actividades más graves, como trata de personas o distribución de drogas ilícitas.

CAREMSA advierte al pueblo de Salta

Voceros de la Cámara afirman: «El intendente ha roto el pacto de confianza con el pueblo. No solo nos afecta a nosotros, las agencias, sino que pone en riesgo a todos los ciudadanos. Esto no es progreso, es descontrol y delito». Hacen un llamado a los salteños para apoyar la causa, seguir de cerca el avance judicial y difundir la información para que la verdad salga a la luz.

Por ahora, la denuncia penal está presentada y el expediente avanza. ¿Habrá consecuencias legales concretas para el intendente? ¿Se abrirá un debate nacional sobre el uso del poder municipal para favorecer a grandes plataformas digitales? Este caso promete escalar y marcar un antes y un después en la historia política de Salta.