Salta atraviesa una tormenta institucional que huele a monopolio y connivencia política. Bajo la administración del intendente Emiliano Durand, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 16.377, un traje a medida para legalizar el funcionamiento de Uber.

La realidad, desnuda en los documentos judiciales, revela un esquema normativo que rompe la igualdad, dinamita a las agencias de remises y pone en riesgo la seguridad pública.

La Cámara de Agencias de Remises de Salta (CAREMSA) presentó un recurso de amparo donde desnuda la maniobra: la ordenanza y su decreto reglamentario exime a Uber de obligaciones tributarias, técnicas y de seguridad que sí pesan sobre los remises
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Mientras a las agencias se les exige cupos máximos de vehículos, garajes para el 30% de la flota, pólizas de seguro, habilitaciones municipales y revisiones técnicas estrictas, a Uber y compañía se les concede carta blanca: operar sin oficinas físicas en Salta y reclutar choferes sin licencia profesional e incluso circular con vehículos sin seguros ni RTV

“Se trata de una desigualdad inconstitucional que está matando a las agencias de remises”, advierte CAREMSA en su escrito. Y no se trata solo de economía: la seguridad de los usuarios queda a la intemperie. Miles de autos circulan bajo el sello de Uber sin seguros adecuados, sin RTV, sin choferes registrados y, en algunos casos, con conductores que ni siquiera poseen licencia profesional. En caso de accidente, ningún pasajero estaría cubierto.

El intendente Durand, lejos de escuchar a las agencias que solicitaron instancias de conciliación, optó por el camino de la propaganda: recorrió medios “pautados” instando a los salteños a abandonar los remises y subirse a Uber. Según CAREMSA, lo hizo además con acusaciones falsas hacia el sector, tildándolos de evasores y explotadores laborales. Después de recibir notas formales, el jefe comunal eligió el silencio. Un silencio que huele a estrategia: mientras se promete diálogo, la normativa avanza y la anarquía se expande.

La AMT, organismo llamado a regular el transporte, tampoco actuó. CAREMSA le pidió equiparar condiciones, suspender el costo de playas de estacionamiento y garantizar igualdad tarifaria. La respuesta fue el mutismo institucional. El resultado: un incremento del 300% en el transporte ilegal y la destrucción progresiva del sistema formal de remises.

El amparo es claro: Uber no solo se instala bajo un paraguas normativo viciado, sino que lo hace en abierta violación a los principios de igualdad y equidad que consagran la Constitución Nacional y la Constitución de Salta. CAREMSA exige que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza, o en su defecto, que se obligue a las plataformas a cumplir con las mismas reglas que los remises.

La pregunta que late es brutal: ¿modernización o entrega? Porque bajo el disfraz de la “movilidad digital” lo que se gesta en Salta es la monopolización del transporte en manos de multinacionales que no tributan localmente, no generan empleo genuino y precarizan la seguridad ciudadana.

Mientras tanto, Durand sonríe para las cámaras, Uber multiplica autos y CAREMSA pelea en los tribunales para que no se derrumbe el último bastión de transporte regulado en la ciudad.